BUENOS AIRES.- La Justicia imputó al titular de la Anses, Diego Bossio, y a dos funcionarios del Ministerio de Economía por un supuesto desvío de dinero del organismo de seguridad social a través de cuatro resoluciones que suman $ 830 millones. La denuncia fue radicada por Elisa Carrió y Fernanda Reyes, candidatas por la Coalición Sur en la Capital para las próximas elecciones legislativas.
El caso lo llevan el fiscal Federico Delgado y el juez Julián Ercolini, y en el mismo están imputados también el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Lo que investiga la Justicia es por qué se publicaron cuatro resoluciones en el Boletín Oficial nueve meses después de dictadas. A través de ellos, se dispusieron $ 830 millones para comprar letras de Tesorería.
En su denuncia, Carrió y Reyes pidieron "que se investigue la posible comisión de los delitos de fraude a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos y la violación a la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
"Situación oscura, sospechosa y en las antípodas de la transparencia que el sistema republicano impone a los actos de gobierno. La publicidad de sus actos es un imperativo legal que ha sido violado y entendemos que (el juez) debe investigar los verdaderos motivos de esta irregularidad", afirmaron Carrió y Reyes.
"La publicación del Boletín de fecha 28 de junio de 2013 no hace otra cosa que revelar flagrantemente una maniobra irregular que más allá de realizarse para ocultar estas resoluciones evidencia tener un fin ilegal que entendemos debe investigar en aras de llegar a la verdad, de preservar el patrimonio público y de sostener la publicidad de los actos de gobierno que no puede ser burlada de ninguna manera, y menos aún de forma tan burda", asegura la presentación.
Además de impulsar la investigación, el fiscal Delgado le pidió al juez Ercolini que se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones 341/2012, 84/2012, 290/2012 y 75/2012 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda de la Nación. Y que se solicite a la Auditoria General de la Nación que designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denuncian Carrió y Reyes. (DyN)